España | Operación Banco Popular: ¿Expolio, confiscación o qué?

Luis Díaz-Ambrona Bardají
Abogado

El MUR/JUR ha utilizado a Banco Popular como conejillo de indias y el experimento va a resultar caro y quizás letal para una amplia parte del sector bancario. ¿Quién o quiénes serán los próximos?

El DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) define el expolio como «apropiación de algo que pertenece a otra persona de forma violenta e injusta». Así mismo define confiscación como «el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellos al erario público».

El Banco Popular el día 6 de junio tenía 147.000 millones de euros en activos (algo más que 1€); 12.000 empleados y 1.739 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional. En el momento de suspender su cotización, su valor bursátil era de 1.330 millones de euros. Su última cotización el día 6 de este mes fue de 0,317€/acción.

En este escenario, la noche del 6 al 7 de junio –nocturnidad y tal vez alevosía– aparecen ‘los cuchillos largos’ de la JUR (Junta Única de Resolución), mecanismo ejecutivo del MUR (Mecanismo Único de Resolución), Organismos creados recientemente en la Unión Europea, con la decisión inapelable de confiscar las acciones y cocos a todos los accionistas y bonistas del banco, con la anuencia, es de suponer del BCE, BE y FROB. Como decía el ínclito Jose María García «ojo al dato»; como objetivos fundamentales del MUR se señalan los siguientes:

– Reforzar la confianza en el sector bancario; y

-Evitar el pánico bancario y el contagio.

Liberbank está todavía aplaudiendo la medida

Los que tenemos relación con el mundo jurídico estamos perplejos. Hasta el día de hoy creía que los propietarios de una sociedad de capital eran sus accionistas como titulares del capital; por tanto para vender una sociedad como tal, es decir, íntegramente, sería necesario el acuerdo de la Junta General, y con mayor motivo si se vende por 1€ lo que en bolsa se cotizaba en ese momento en 1.330 millones de euros.

Por lo visto en el caso del Popular este planteamiento es una mera quimera, porque hay un organismo denominado JUR que expolia y/o confisca a todos los accionistas y bonistas a cero euros, cuando su cotización en ese momento era de 0,317€/acción y tras esa confiscación vende la entidad por 1 euro. Por cierto ¿a quién le ha pagado el Banco Santander ese euro y quién lo ha cobrado? ¿La JUR, el FROB, el BCE, el BE…? En plan irónico y caricaturesco lo correcto sería distribuir ese euro proporcionalmente entre todos los accionistas. Y todavía los accionistas pueden darse con un canto en los dientes porque la JUR no le haya solicitado algún tipo de dividendo pasivo. Es decir, los accionistas se acuestan como titulares de un paquete de acciones mayor o menor, que ha cotizado ese día en un mercado oficial y superpúblico como es el IBEX, a un precio que podría ser bajo, pero al fin y al cabo con un valor realizable de forma inmediata, y se levantan, enterándose por los medios que su paquete de acciones durante la noche ha sido requisado a 0€.

A la vista de esta actuación cabe preguntarse: ¿Dónde está la Constitución Española?; ¿dónde está el principio fundamental de seguridad jurídica? El Artículo 33.3 de la CE proclama que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». Igualmente el Artículo 9.3 de nuestra Carta Magna dispone «que la Constitución garantiza… la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Parece ser que para el MUR y la JUR la Constitución de un Estado miembro de la unión bancaria es papel mojado. No dudo que estos organismos están normativamente habilitados para saltarse a su libre albedrío principios constitucionales esenciales, pero tampoco dudo que estas resoluciones son flagrantemente inconstitucionales y por tanto, viciadas de nulidad de pleno derecho.

En este marco regulatorio en el que el accionista de una sociedad de capital no es dueño real de sus acciones; en el que hay un organismo que, como Drácula, actúa de noche, chupando hasta la última gota de sangre a estas personas mientras duermen, no dejándole ni siquiera el hilito de sangre del valor de cotización en el momento de la colmillada, hay que ser muy atrevido, muy arriesgado y muy insensato para invertir en un banco cotizado en bolsa.

Lo que ha conseguido el MUR-JUR con esta acción es justamente lo contrario de los objetivos que persigue, esto es, incrementar exponencialmente la desconfianza en el sector bancario, después de todo lo que ha llovido sobre el mismo, desencadenando el pánico bancario y el efecto contagio; ahí está el caso Liberbank.

Mención aparte merece la actuación de los reguladores, supervisores, controladores, auditores…, según ellos Popular era un banco solvente hasta hace veinte días. ¿Cómo se convence al ciudadano que otras entidades bancarias no están en situación similar al Popular? ¿De quién se va a fiar el ciudadano?

Es inexplicable que la CNMV no haya tomado medidas, para lo que es competente, con el fin de frenar la demoledora actuación de los llamados bajistas, que campan a sus anchas por los mercados públicos, bordeando siempre la órbita penal; no hay que olvidar que el art. 284 del C.Penal tipifica como delito la utilización de información privilegiada para intentar alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías y títulos valores que sean objeto de contratación.

Para colmo, para mayor escarnio de accionistas y bonistas, los protagonistas de este expolio proclaman que ha sido una operación modélica y pionera en el sector, sin cargo alguno para el erario público. El MUR/JUR ha utilizado a Banco Popular como conejillo de indias y el experimento va a resultar caro y quizás letal para una amplia parte del sector bancario. ¿Quién o quiénes serán los próximos?

Si así funciona nuestro Estado de Derecho, es para salir huyendo del mismo. Esperemos que los tribunales pongan, aunque sea tarde, las cosas en su sitio, y cuando acaben los tribunales será el momento de echar la cuenta sobre cuánto ha costado al erario público la operación Popular, porque no cabe duda que las millonarias indemnizaciones que se van a generar tendrán que ser soportadas por el Tesoro Público. En fin, se avecina una tarea ingente para jueces y abogados, siendo estos últimos los únicos que van a obtener unos pingües beneficios de este desaguisado.

Fuente: Hoy

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