La CIA, Arabia saudí y la historia inconfesable de Al-Qaeda

Maxime Chaix
Periodista

Quince años después del 11 de septiembre, cuando el Congreso norteamericano acaba de autorizar a sus ciudadanos a demandar a Arabia saudí por su supuesto papel en estos atentados, la “guerra contra el terrorismo” lanzada poco después del hundimiento de las Torres Gemelas no encuentra final. En este contexto, un número creciente de expertos designan al militarismo occidental presente en el proyecto “Gran Oriente Medio” como un factor principal de amplificación de la amenaza terrorista. Una menor atención se ha concedido a las políticas clandestinas de la CIA, los servicios secretos saudíes y sus aliados, que sin embargo están en el origen de esta plaga.

Todo observador atento está al corriente del papel central de estas agencias en la creación y asesoramiento de Al-Qaeda, desde la campaña antisoviética de los años 80 en Afganistán hasta el apoyo de los grupos armados que intentan derrocar a Bashar Al-Assad en Siria. Una inmersión en un período turbulento y mal entendido de la historia reciente de los servicios especiales norteamericanos y sus principales socios.

Tras el escándalo del Watergate, el Congreso impuso a la CIA severas restricciones legales y presupuestarias. En respuesta, los oficiales de la Agencia crearon una red alternativa denominada Safari Club, por el nombre de la lujosa residencia de vacaciones en Kenia en donde se reunían sus miembros. Como ha explicado el antiguo diplomático canadiense Peter Dale Scott en su última obra, “El Estado profundo norteamericano”, durante los años 70 importantes funcionarios en activo o retirados de la CIA estaban descontentos con las reducciones presupuestarias efectuadas bajo el mandato de Carter por Stansfield Turner, director de la Agencia.En respuesta, organizaron una red alternativa denominada Safari Club. Supervisada por los servicios secretos franceses, egipcios, saudíes, marroquíes e iraníes (entonces bajo el Sah), el Safari Club estaba secundado en Washington por una “red privada de investigación”, según Joseph Trento. Esta red reagrupaba oficiales de la Agencia tales como Theodore Shackley y Thomas Clines, que habían sido marginados o desplazados por el director de la CIA Stansfield Turner. Como el príncipe (y antiguo jefe de los servicios secretos saudíes) Turki ben Faisal explicará más tarde, el objetivo del Safari Club no era solamente el intercambio de investigaciones, sino también “la explotación de operaciones clandestinas que la CIA no podía ejecutar directamente debido al escándalo del Watergate y de las reformas que siguieron”. Así se puso en marcha una especie de “segunda CIA”, hostil al presidente Carter, pero favorable al que le iba a suceder, el antiguo gobernador Ronald Reagan, un fiero oponente a los acuerdos entre Estados Unidos y la URSS.

Años 1980: La BCCI, la ‘segunda CIA’ y la creación de la futura Al-Qaeda

En aquellos tiempos, el Safari Club tenía necesidad de una red de bancos para financiar sus operaciones anticomunistas. Con la bendición del director de la CIA George Bush padre, el jefe de los servicios secretos saudíes Kamal Adham transformó el banco BCCI en una auténtica lavandería internacional de dinero. Siempre según Peter Dale Scott, en los años 80, el director de la CIA William Casey tomó decisiones cruciales en la dirección de la guerra secreta en Afganistán. En cualquier caso, fueron elaboradas fuera del marco burocrático, y fueron preparadas con los directores de los servicios de investigación saudíes, con Kamal Adham en primer lugar, y luego el príncipe Turki ben Faisal. Entre estas direcciones podemos citar la creación de una legión extranjera encargada de ayudar a los muyaidines afganos a combatir a los soviéticos. En otras palabras, se trata de la puesta en marcha de una red de apoyo operativo conocida con el nombre de Al-Qaeda desde el fin de esa guerra entre la URSS y Afganistán.

Casey afinó los detalles de ese plan con los dos jefes de los servicios secretos saudíes, así como con el director del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), banco pakistano-saudí del que Kama Adham y Turki ben Faysal eran accionistas. Haciendo esto, Casey dirigía entonces una segunda Agencia,  una CIA extraoficial, construyendo con los saudíes la futura Al-Qaeda en Pakistán, mientras que la jerarquía oficial de la Agencia en Langley “pensaba que eso era imprudente”.

Masivamente financiada por los petrodólares de los Saud, entre ellos aquellos obtenidos de las cajas negras de los contratos de armamento gestionados por su embajador en Washington, el príncipe Bandar ben Sultan, la operación de apoyo a la yihad afgana acabará en el esfuerzo de los señores de la guerra extremistas, de los traficantes de opio y de heroína en los años 80. En una obra anterior, que fue recomendada por el general Bernard Norlain, cuando dirigía Revue Défense National, Peter Dale Scott explicaba que en mayo de 1979 los servicios secretos pakistaníes de ISI pusieron a la CIA en contacto con Gulbuddin Hekmatyar, el señor de la guerra afgano que ciertamente se benefició del menor apoyo en su país.

Islamista radical, Hekmatyar era también el más importante traficante de drogas muyahidin, y el único que había desarrollado un complejo de seis laboratorios de transformación de la heroína en el Beluchistán, región de Pakistán controlada por el ISI. Esta decisión tomada por el ISI y la CIA desmiente la habitual retórica norteamericana según la cual Estados Unidos ayudaba al movimiento de liberación afgano. De hecho, apoyaban los intereses pakistaníes (y saudíes) en un país frente al cual Pakistán no se sentía seguro. Como declaró en 1994 un dirigente afgano a Tim Weiner, periodista del New York Times, “nosotros no hemos elegido a los jefes de la guerra. Estados Unidos han creado a Hekmatyar proporcionándoles armas”.

Ahora, su deseo es “que Washington los abandone y les obligue a no matarnos, para protegernos de esta gente”. Finalmente, a principios del año 2002 Hekmatyar llamará a la “guerra santa” contra Estados Unidos desde su exilio en la capital iraní, antes de instalarse en Pakistán para organizar las operaciones anti-occidentales en Afganistán.

Años 1990: Los petrodólares saudíes financian a los talibanes y a Al-Qaeda con el apoyo de los servicios norteamericanos

En los años 90, los petrodólares saudíes y el discreto apoyo de la CIA, del MI6 y del ISI favorecieron la emergencia de los talibanes. En efecto, según el investigador y periodista británico Nafeez Ahmed, que fue consultor en las investigaciones oficiales sobre los atentados del 11 de septiembre y del 7 de julio, a partir de 1994 y hasta el 11 de septiembre, los servicios de investigación militar norteamericanos [1], así como de Gran Bretaña, Arabia saudí y Pakistán han proporcionado secretamente armas y fondos a los talibanes, que cobijaban a Al-Qaeda. En 1997, Amnistía Internacional deploró la existencia de “lazos políticos estrechos” entre la milicia talibán, que había conquistado Kabul, y Estados Unidos. Bajo la tutela norteamericana, Arabia saudí continuaba financiando las madrasas. Los manuales redactados por el gobierno norteamericano a fin de adoctrinar a los niños afganos con la ideología de la yihad violenta durante la guerra fría fueron entonces aprobados por los talibanes. Se integraron en el programa base del sistema escolar afgano y fueron ampliamente empleados en las madrasas militantes pakistaníes financiadas por Arabia saudí y el ISI, con el apoyo de Estados Unidos.

En un mundo en el que, citando al general De Gaulle, “los Estados no tienen amigos, sino solamente intereses”, Nafeez Ahmed explica estas políticas clandestinas de apoyo a los talibanes en el hecho de que las administraciones Clinton y Bush esperaban servirse de estos extremistas para establecer un régimen fantoche en el país, a la manera de su bienhechor saudí. La esperanza vana y manifiestamente infundada era que un gobierno talibán asegurara la estabilidad necesario para instalar un oleoducto trans-afgano (TAPI) dirigiendo el gas de Asia central hacia Asia del sur bordeando Rusia, China e Irán. Estas esperanzas fueron canceladas tres meses antes del 11 de septiembre cuando los talibanes rechazaron las propuestas norteamericanas. El proyecto TAPI fue bloqueado a continuación, debido al control intransigente de Kandahar y de Quetta por los talibanes; en cualquier caso, este proyecto está ahora en curso de finalización, pero notoriamente sin la participación de las grandes empresas occidentales.

Recordemos que la multinacional californiana Unocal, absorbida por Chevron Texaco en 2005, negocia este proyecto con los talibanes entre 1997 y la primavera de 2001, con el apoyo del gobierno estadounidense. El régimen del mullah Omar protegía a Osama bin Laden y a sus hombres en aquel tiempo.

Siguiendo en los años 90, las políticas clandestinas de la CIA y de sus aliados británicos, saudíes y pakistaníes favorecerán el apogeo global de Al-Qaeda, una realidad documentada pero ampliamente ignorada en el mundo occidental. En este mismo artículo, Nafeez Ahmed recuerda que, como el historiador británico Mark Curtis describe minuciosamente en su sensacional libro, “Secret Affaires: La complicidad de Inglaterra con el islam radical”, los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido han continuado apoyando secretamente redes afiliadas a Al-Qaeda en Asia central y en los Balcanes tras la guerra fría y por las mismas razones que anteriormente: la lucha contra la influencia rusa y ahora china, con el fin de extender la hegemonía norteamericana sobre la economía capitalista mundial. Arabia saudí, primera plataforma petrolera del mundo es el intermediario de esta estrategia anglo-americana irreflexiva.

Tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la CIA endurece su política antiterrorista deteniendo arbitrariamente, torturando y liquidando a presuntos miembros supuestos o comprobados de la red de Bin Laden en el marco de la “guerra global contra el terrorismo”. Sin embargo “hacia mediados [de la década pasada] la administración Bush decidió utilizar a Arabia saudí para enviar millones de dólares a los yihadistas asociados a Al-Qaeda, extremistas salafistas e islamistas de los Hermanos Musulmanes. La intención era reforzar a estos grupos a través de Próximo Oriente y Asia central, con el objetivo de enfrentar y rechazar la influencia geopolítica del Irán chiíta y de Siria”.

En 2007 el gran periodista Seymour Hersh informa en detalle del despliegue de esta estrategia en el New Yorker, citando cierto número de fuentes gubernamentales procedentes de los medios de la defensa y de la inteligencia en Estados Unidos y en Arabia saudí. Así, la administración Bush reivindicaba una “guerra contra el terrorismo” apoyando a la vez a grupos yihadistas a través de los servicio saudíes, una política de guerra “por delegación” que encuentra sus orígenes en Afganistán en los años 80, y que se impondrá a Siria tres decenios más tarde.

Años 2010: La CIA coordina el esfuerzo de guerra contra Assad de las petromonarquías y Turquía

En enero de 2016, cuarenta años más tarde de la creación del Safari Club, el New York Times reveló que Arabia saudí había sido “con diferencia” el principal financiero de la guerra secreta de la CIA en Siria, bautizada como Operación Timber Sycamore”. Este diario cita el papel principal del príncipe Bandar ben Sultan en la misma, cuando dirigía los servicios saudíes entre julio de 2012 y abril de 2014, reconociendo que esta operación de “numerosos miles de millones de dólares” anuales había llevado al reforzamiento de los grupos yihadistas en Siria, con la complicidad de la CIA. Según el Times, “los esfuerzos saudíes [en Siria] fueron dirigidos por el ostentoso príncipe Bandar ben Sultan (…) quién pidió a los espías del reino comprar millares [de metralletas] AK-47 y millones de municiones en Europa del Este para los rebeldes. La CIA ha facilitado algunas (sic) de estas compras de armamento para los saudíes, entre ellas un vasto acuerdo con Croacia en 2012. Durante el verano de ese mismo año, estas operaciones parecían estar fuera de control en la frontera entre Turquía y Siria, con los Estados del Golfo como transmisores de dinero y armas a las facciones rebeldes, incluyendo grupos de los cuales altos responsables norteamericanos tienen el temor de que estén ligados a organizaciones extremistas como Al-Qaeda”.

En realidad, pese a esos temores de Washington, la CIA coordinaba clandestinamente desde enero de 2012 al menos dos redes de aprovisionamiento de armas financiadas por las petromonarquías del Golfo y Turquía: una serie de entregas aéreas desde los Balcanes, que fue recientemente objeto de una profunda investigación del BIRN y de la OCCRP, confirman el papel central de la CIA en ese tráfico ilegal de armas; y otra vía de aprovisionamiento desde Libia, según las revelaciones nunca desmentidas del periodista de investigación Seymour Hersh.

El New York Times confirmó indirectamente los propósitos de la parlamentaria norteamericana Tulsi Gabbard. Tres semanas antes de los atentados del 13 de noviembre había denunciado en la CNN el apoyo clandestino a Al-Qaeda por parte de la CIA en el frente sirio, criticando que la Agencia tenía como objetivo derrocar a Bashar Al-Assad apoyando a unos rebeldes, muy lejos de la moderación que nos había sido descrita hasta entonces. Como ella afirmó durante esa entrevista, “Estados Unidos y la CIA deben detener esta guerra ilegal y contraproducente para derribar el gobierno sirio de Assad, y deben focalizarse en nuestro enemigo real, los grupos islamistas extremistas. Porque actualmente estamos viendo la causa de que sea contraproducente: actuando (…) para derrocar al gobierno sirio de Assad, estamos reforzando a nuestros enemigos, los islamistas extremistas”.

Antes de dar detalles más amplios sobre esta política clandestina y sus consecuencias, ella recuerda que “no ha existido una votación en el Congreso para autorizar el uso de la fuerza, para autorizar una guerra que tiene por objetivo derrocar un gobierno soberano. Desde que yo he tomado posesión [en la Cámara de Representantes] no ha habido ningún voto, ni tampoco antes de que fuera elegida [en 2013]. Por tanto el pueblo norteamericano no ha tenido la oportunidad de expresarse, de aprobar o desaprobar esa guerra. Por consiguiente, esa guerra es ilegal”. Es muy probable que el carácter ilícito de estas operaciones explica porque el presidente Obama, la anterior secretaria de Estado Hillary Clinton y otros altos responsables norteamericanos han ocultado sistemáticamente el papel esencial de la CIA en el conflicto en Siria, como recientemente lo ha señalado el profesor de la Universidad de Columbia Jeffrey S. Sachs.

En esa entrevista en la CNN, Tulsi Gabbard también explicó que esta guerra secreta “es contraproducente porque actualmente las armas norteamericanas van a las manos de nuestros enemigos de Al-Qaeda y otros grupos, grupos islamistas extremistas que son nuestros enemigos jurados. Son esos grupos los que nos han atacado el 11 de septiembre, de los cuales se supone que tenemos que buscar su derrota, pero sin embargo los apoyamos con armas para derrocar el gobierno sirio (…) Yo no quiero que el gobierno de los Estados Unidos proporcione armas a Al-Qaeda, a islamistas extremistas, a nuestros enemigos. Creo que es un concepto muy simple: ¡no podemos vencer a nuestros enemigos si, al mismo tiempo, se les arma y se les ayuda! Es algo absolutamente insensato para mi (…) Hemos discutido de esto [con responsables de la Casa Blanca] a la vez durante las sesiones [parlamentarias] y en otras ocasiones, y creo que es importante que los ciudadanos de Estados Unidos se levanten y digan: ‘Mirad, no queremos ir [a Siria] y hacer lo mismo que con Saddam Hussein, hacer lo que pasó en Libia con Gadaffi, porque son países que se han hundido en el caos y que han sido conquistados por terroristas islamistas a causa de la acción de Estados Unidos y de otros [países]’”.

Entrevistado algunas semanas después de estas declaraciones [2], Nafeez Ahmed señala que “la representante Gabbard es una política de primera línea en el seno del Partido Demócrata”, del que desempeñaba la vicepresidencia antes de unirse al equipo de campaña de Bernie Sanders. Este buen conocedor de los arcanos de Washington añade que ella dispone de un “acceso a informaciones gubernamentales confidenciales relativas a las políticas extranjeras y militares de Estados Unidos, ya que pertenece a importantes omisiones parlamentarias: la Comisión de la Cámara de Representantes sobre las Fuerzas Armadas y la correspondiente a Asuntos exteriores. Por eso sus críticas hacia las políticas clandestinas de la administración Obama en Siria deben tomarse muy en serio”.

Sorprendido por el hecho de que declaraciones de Tulsi Gabbard no hayan suscitado la indignación nacional en Estados Unidos, Naffez Ahmed añade que “su testimonio en la CNN, lejos de ser una ‘teoría del complot’ infundada, confirma el apoyo de la CIA a favor de grupos afiliados a Al-Qaeda en Siria, operado principalmente mediante socios regionales tales como los Estados del Golfo y Turquía”. Siendo hoy de notoriedad pública estas acciones clandestinas, suscitan cuestiones incómodas sobre la forma en que los intereses geoestratégicos a corto plazo de Estados Unidos y de sus aliados continúan amenazando la seguridad nacional de nuestras democracias y desestabilizando un número creciente de países. Finalmente, menos de una semana después de los atentados del 13 de noviembre, Tulsi Gabbard presentó una proposición de ley, cuyo fin es “detener inmediatamente la guerra ilegal y contraproducente destinada a derrocar el gobierno sirio de Al-Assad”, no habiendo sido nunca discutida ni votada esta iniciativa en la Cámara de Representantes.

Cómo las operaciones de la CIA y sus aliados saudíes escapan al control del Congreso de EEUU

El artículo del New York Times citado anteriormente señala también la importancia de los jefes de estación de la CIA en Arabia saudí, que son descritos como “los auténticos lazos” entre Washington y Riad desde hace muchas décadas. El Times remonta los orígenes de esta relación opaca  y mixta a la creación del Safari Club. Movilizando fondos extranjeros en los años 80, esa red ha permitido financiar las operaciones clandestinas de la CIA en Angola, en Nicaragua y en Afganistán escapando a la supervisión del Congreso norteamericano. Dicho sistema de financiación se adoptó en 2012 en la guerra de Siria, y esa institución no pudo controlar lo que el Washington Post describió en 2015 como un “vasto esfuerzo [anti-Assad] de muchos miles de millones de dólares implicando [la CIA], a Arabia saudí, Qatar, Turquía” y sus aliados, a través de “una de las mayores operaciones clandestinas” de la Agencia. Conforme a la doctrina de la “negación plausible”, la financiación exterior que moviliza no se ha sometido a la supervisión del Congreso, que no puede ejercer su control sobre las actividades y los presupuestos de los servicios especiales extranjeros. Resulta de ello que Estados Unidos pueden fácilmente rechazar las críticas del aumento de grupos extremistas en Siria hacia sus aliados de Próximo Oriente, mientras que la CIA apoya activamente sus operaciones de los Military Operations Centers”, bases secretas en Turquía y en Jordania desde las que se han entregado miles de toneladas de armamento a las milicias anti Assad, también a las más extremistas.

Si las políticas impuestas desde hace 40 años por los jefes del espionaje norteamericano y saudí esconden aún muchos secretos, no hay duda de que han favorecido la creación y la internacionalización de las redes yihadistas que amenazan ahora la paz mundial. Como explicaba Yves Bonnet, antiguo responsable de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST) “la CIA y Arabia saudí han creado el terrorismo mesiánico del que se reclaman Al-Qaeda y el Daesh”. Citando de nuevo a Nafeez Ahmed, “las redes muyaidines afganas han sido formadas y financiadas bajo la supervisión de la CIA, del MI6 y del Pentágono. Los Estados del Golfo han aportado sumas de dinero considerables, mientras que los servicios de inteligencia pakistaníes (ISI) han asegurado la unión sobre el terreno con las redes militantes coordinadas por Abdullah Azzam, Osama bin Laden y sus cómplices. La administración Reagan, por ejemplo, proporcionó dos mil millones de dólares a los muyaidines afganos, completados por otro aporte de la misma cantidad de Arabia saudí”.

Tras recordar estos hechos bien conocidos, Nafeez Ahmed pone en cuestión una falsa idea que ha sido continuamente repetida por una gran mayoría de expertos y periodistas internacionales desde el 11 de setiembre: “Según la creencia popular, esta configuración desastrosa de una colaboración entre Occidente y el mundo musulmán en la financiación de extremistas islamistas habría finalizado con el hundimiento de la Unión Soviética. Como he explicado en una declaración en el Congreso un año después de la publicación del informe de la Comisión del 11 de septiembre, esta creencia popular es errónea (…) Un informe clasificado de los servicios de inteligencia norteamericanos, revelado por el periodista Gerald Posner, ha confirmado que Estados Unidos eran plenamente conscientes del hecho de un acuerdo secreto alcanzado en abril de 1991 entre Arabia saudí y Bin Laden, residente entonces bajo vigilancia. Según ese acuerdo, Bin Laden estaba autorizado a abandonar el reino con su financiación y sus seguidores y a continuar recibiendo un apoyo financiero de la familia real saudí con la única condición de abstenerse de ir en contra y desestabilizar el propio reino de Arabia saudí. Lejos de ser observadores lejanos de este acuerdo secreto, Estados Unidos y Gran Bretaña participaron en él activamente”.

Según el último libro de Peter Dale Scott, este acuerdo de abril de 1991 entre Bin Laden y la familia real saudí se ve corroborado en el libro premiado con el Pulitzer de Lawrence Wright sobre Al-Qaeda y el 11 de setiembre. Según otras fuentes fiables, este acuerdo se habría renovado en 1995, según Anthony Summers, después en 1998, según Ahmed Babeeb. Paralelamente, según el antiguo diplomático y oficial consular norteamericano en Djedda, Michael Springmann, “la CIA transfirió [a muyahidines que habían combatido en Afganistán] hacia los Balcanes, Irak, Libia y Siria, proporcionándoles visados USA ilegales”, afirmando haber descubierto que el consulado en el cual él trabajaba era en realidad “una base de la CIA”.

A la vista de los elementos estudiados en este artículo, lejos de ser la nebulosa inasible que se nos describe en los medios occidentales, la red de Al-Qaeda ha sido empleada por los servicios especiales norteamericanos y sus socios también después de la guerra fría, a fin de desempeñar diferentes objetivos geoestratégicos inconfesables. Como hemos analizado, se trata de hechos corroborados que nos permiten, quince años después del 11 de septiembre, medir hasta que punto las políticas clandestinas de la CIA y sus aliados están fuera de control. Las informaciones que demuestran que las fuerzas apoyadas por la Agencia en Siria combaten a aquellas que apoyan las operaciones del Pentágono sobre el terreno son una ilustración edificante.

La guerra contra el terrorismo: Una guerra perpetua, lucrativa (¿y mundial?)

Un estudio en profundidad de la historia de Al-Qaeda indica que el aumento mundial de la yihad armada se origina en las relaciones turbulentas entre los responsables de la CIA y sus homólogos saudíes, cuyo reino es descrito por numerosas fuentes autorizadas como el principal patrocinador de las organizaciones islamistas a través del mundo. De la yihad afgana al takfirí sirio, las acciones clandestinas de la CIA masivamente cofinanciadas por los petrodólares saudíes han reforzado hasta el presente la nebulosa Al Qaeda, y ello pese al 11 de septiembre, la mal llamada “guerra contra el terrorismo”, y los recientes atentados que han golpeado a las poblaciones occidentales. Como hemos estudiado, estas operaciones de la CIA han sido a menudo delegadas en los servicios saudíes y otros socios extranjeros, lo que explica porque es tan difícil comprender el peligroso juego de la Agencia ante el terrorismo islamista.

Poco tratada en los medios, la historia inconfesada de Al-Qaeda debe ser explicada a la opinión pública porque, como demuestra la tragedia siria, las lecciones de la yihad afgana no han sido evidentemente comprendidas por nuestros dirigentes. Nuevas catástrofes ligadas al terrorismo son de temer en el mundo occidental, principalmente debido al regreso de Siria de combatientes extremistas a sus países de origen. En un contexto de guerra perpetua que genera anualmente miles de millones de beneficios para las multinacionales de la energía, del armamento, de mercenarios, y de la inteligencia privada, los dirigentes occidentales ¿tienen la voluntad de detener estas intervenciones y redefinir una estrategia para el cercano Oriente menos militarizada y más constructiva? Después de quince años de una “guerra contra el terrorismo” que ha amplificado considerablemente esta amenaza, que ha potenciado una privatización masiva de las operaciones militares, y que ha producido la muerte de más de un millón de personas solamente en Irak, en Afganistán y en Pakistán, esta preocupante cuestión merece plantearse.

Y respecto al casus belli que ha legitimado esta guerra perpetua, también subsiste una cuestión también preocupante. Los principales acusados de los atentados del 11 de septiembre aún no han sido juzgados por los tribunales militares de Guantánamo. Aunque las confesiones conseguidas bajo tortura son jurídicamente inadmisibles, no es menos cierto que el mayor crimen de la historia moderna de Estados Unidos nunca ha sido objeto de ningún proceso. El Congreso norteamericano acaba de autorizar a las familias de las víctimas de estos sucesos a demandar a Arabia saudí por su supuesto papel en esos ataques, pese al veto del presidente Obama, que impidió la promulgación de esta ley. En este contexto, a la vista de la relación entre el reino de los Saud y la CIA, este análisis escrito por Jean-Pierre Chevenement en 2004 es hoy aún más pertinente: “La propagación del terrorismo islamista, ciertamente lamentable, también proporciona una coartada ideal a la empresa de recolonización de Medio Oriente y la dominación mundial, a la escala de un ‘nuevo siglo americano’, al que se lanzó la administración de George W. Bush. La historia de la vuelta de las milicias wahabitas de Osama bin Laden contra Estados Unidos, que les habían apoyado contra la URSS en Afganistán, supone tantas zonas sombrías que nos podemos preguntar si la cooperación tan estrecha entre la CIA y los servicios saudíes del príncipe Turki, rota solo quince días antes del 11 de setiembre aclararía de forma útil las circunstancias de un acontecimiento que abrió una nueva página en la historia de las relaciones internacionales: como Atenea saliendo armada del muslo de Júpiter, aquel día se decretó la ‘Cuarta Guerra Mundial’. [3]

Notas

[1] Pedí a Nafeez Ahmed que me explique el significado de “servicios de información militares”, una expresión que él utiliza frecuentemente. En realidad el quiere referirse a las ramas paramilitares de los servicios especiales que se encuadran en el marco de operaciones clandestinas como las de la CIA, el MI6, el ISI (etc.), y que solicitan a veces el apoyo de fuerzas especiales y de servicios de información militar.

[2] Yo estaba realizando por ese entonces una entrevista escrita a Nafeez Ahmed, que nunca vio la luz debido a los atentados de 13 de noviembre y a la sobrecarga de trabajo que este drama había generado para él y para .

[3] Hiperenlace y acentuación adjuntos

Fuente: Maxime Chaix

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