En memoria de Berta Cáceres

Francesco Martone
Senador y ecologista italiano. Activista de organizaciones no gubernamentales

Ha causado admiración el discurso de aceptación del premio Oscar por la película “The Revenant” en el que Leonardo di Caprio expresa su apoyo a los pueblos indígenas, a sus luchas contra las empresas multinacionales y para proteger la Tierra contra los cambios climáticos. Sin embargo no se debe olvidar que no es una cena de gala la realidad en el terreno, para los miles y miles de indígenas campesinos, hombres y mujeres que sufren un impacto devastador.

Impacto de aquella que David Harvey ha definido la segunda fase del capitalismo, la “extractivista”. Es más bien una cuestión de vida o muerte como lo demuestra la trágica noticia de anteayer del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, enésima crónica de una muerte anunciada. Berta, a quien le fuera asignado el prestigioso Goldman Environmental Prize el año pasado, era un ejemplo, un punto de referencia, una compañera para quien trabaja junto a las comunidades indígenas, para quienes apoyan la resistencia contra las mega infraestructuras y el derecho a la autodeterminación.

En el 2010 participó como testigo en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos dedicado a las empresas europeas en América Latina, en ocasión de la cumbre Euro-Latinoamericana en Madrid. Desde el 2013 en Honduras fueron asesinadas otras tres mujeres compañeras de Berta, que luchaban junto a ella contra la represa de Agua Zarca en el rio Gualcarque, de la cual y gracias a las campañas de presión de Berta y de las redes internacionales de solidaridad, se habían retirado la International Finance Corporation del Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro. Es de señalar que desde el golpe del 2009 que condujo a la destitución del presidente Zelaya, el país centroamericano ha registrado un aumento exponencial de proyectos hidroeléctricos para la generación de energía de bajo costo, necesaria para alimentar la actividad de extracción minera.

Es desde aquel entonces que el mundo parece haberse olvidado de Honduras. Hace poco mas de una semana Berta y otras 200 exponentes de las comunidades indígenas del pueblo Lenca fueron objeto de graves intimidaciones por parte de los promotores de la represa. Durante una manifestación de protesta fueron intimadas a la fuerza a bajar de los buses que las transportaban y obligadas a caminar durante cinco horas a través de zonas infestadas de paramilitares. También en febrero algunas comunidades del pueblo Lenca habían sido expulsadas de sus tierras bajo la fuerza. Hoy la noticia de su asesinato en su casa en el pueblo de Esperanza, Intibucá. Su nombre se junta a los de decenas de defensores de la tierra que cada año caen por mano de sicarios, fuerzas de seguridad, “pistoleros” de las empresas o de los grandes latifundistas.

En versión e la ONG Global Witness sólo en el 2014 murieron 116 defensores de la tierra, en una media de dos por semana. El 40% eran indígenas cuya única culpa era oponerse a los proyectos hidroeléctricos, mineros o de extracción minera, en la mayor parte de los casos impuestos en neta violación de las Convenciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y de su derecho al consenso previo, libre e informado. ¾ de los casos registrados por la Global Witness eran en Centroamerica y en Sudamérica. Desde el 2004 hasta el 2016 sólo en Honduras han encontrado la muerte 111 lideres ambientalistas e indígenas. Una masacre silenciosa aquella de los defensores de la tierra, que ha sido denunciada varias veces, por ejemplo en ocasión de las iniciativas paralelas a la COP20 de Lima, opacadas por la noticia del asesinato de José Isidro Tendetza Antun, líder Shuar ecuatoriano que fuera encontrado muerto pocos días antes de viajar a Lima para atestiguar en una sesión del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza y de las Comunidades Locales. Tribunal que está preparando una sesión dedicada justamente a los defensores de la Madre Tierra.

En el año 2014 Edwin Chota, líder de la comunidad Ashaninka en la Amazonia peruana fue asesinado junto a otros tres de sus compañeros por haberse opuesto a la extracción de madera de sus tierras. Tomas García compañero de lucha de Berta, asesinado en el año 2013 y Raimundo Nonato di Carmo, que se oponía a la represa de Tucurui, o Raúl Lucas y Manuel Ponce, asesinados en febrero del 2009 por haberse opuesto a la represa de Parota en Acapulco. Una secuela interminable de homicidios relacionados a la construcción de represas u otros proyectos de explotación de los recursos naturales.

Yendo más atrás en el tiempo, y reabriendo los archivos del genocidio Maya perpetrado en Guatemala por las dictaduras militares, resurge la historia de centenares de indígenas Maya Achí, 376, exterminados por el ejercito para dar lugar a la represa de Chixoy, en aquel entonces construida por la Cogefar Impresit, gracias a financiamientos del Banco Mundial y posteriormente de la cooperación italiana. Hace sólo unos meses, después de veinte años, los parientes de esos muertos han comenzado a obtener una compensación por parte del gobierno guatemalteco.

Fuente: Il Manifesto | Other News

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